Por vez primera, y sin que sirva de precedente, voy a contarles una historia que, aunque real como la crisis que nos asfixia, no ha salido aún a la luz por boca de sus protagonistas principales. Así que, qué mejor que un cuento para que la conozcan. Vamos a ello.
Érase una vez un presidente regional, enamorado del Camino de Santiago, que tuvo en sus manos uno de esos proyectos que pueden servir para relanzar a toda una comarca: la construcción de un Parador Nacional de Turismo en las ruinas del Monasterio de San Juan de Ortega, un hito jacobeo irrepetible que llevaba años tratando de sacudirse la miseria que le invadía. Ilusionado por las posibilidades de la iniciativa, que tenía garantizada la financiación, el mimo en la restauración, la proyección futura y, lo que es más importante, la separación entre zona para turistas y para peregrinos, fue presuroso a trasladar la propuesta al propietario del recinto, el Arzobispado de Burgos. Allí, con muy buenas palabras le contestaron que tenían otros planes para el lugar, sin especificar cuáles. 
Tuvieron que pasar algunos años hasta que Junta de Castilla y León, Arzobispado y Caja de Burgos firmaran un convenio para rehabilitar el complejo, con un presupuesto inicial de seis millones de euros sufragados entre la administración regional y la entidad de ahorro. El proyecto contemplaba la mejora y la ampliación del albergue, la creación de una hospedería y, ahí es dónde está la madre del cordero, la apertura de un centro de asistencia sociosanitaria, sin que hasta el momento, se haya avanzado más en sus características.
¿Y quién será el encargado de gestionar esas dotaciones? Pues una organización privada, radicada en el País Vasco y denominada Fundación Díper, que ya se ha hecho cargo del actual albergue con resultados discutibles (su decisión de cobrar 7 euros ‘obligatorios’ por el uso del albergue ha sido considerada por muchos como un insulto a la memoria de Alonso Marroquín).
Nadie sabe si estos eran los «planes» que apuntó el Arzobispado a aquel presidente enamorado del Camino y por los cuales el Parador tuvo que buscar otro emplazamiento, pero lo que nadie duda es que las administraciones públicas deberían vigilar hasta el mínimo detalle en qué consiste ese ‘centro de asistencia sociosanitaria’ y en qué condiciones se lleva a cabo esa labor asistencial. Porque hay que tener muchísimo cuidado, ahora más que nunca, en cómo se invierte el dinero público y a quién beneficia. No sea que, al final, y detrás del marchamo de una organización sin ánimo de lucro, se escondan otros intereses que acaben salpicando, sin comerlo ni beberlo, a la administración regional, a la entidad de ahorro e, incluso, a aquel presidente enamorado del Camino.
Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿O no?

Fuente de la noticia: 

Raúl Briongos

Director

DIARIO DE BURGOS

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